Cuando una persona sufre un delito, suele imaginar que el proceso penal sirve únicamente para castigar al autor. Sin embargo, el ordenamiento jurídico brasileño ofrece una respuesta más completa: además de buscar la condena, la víctima puede recibir una indemnización dentro del propio proceso penal.
La mayoría desconoce esta posibilidad, aunque existe desde hace más de una década y está expresamente prevista en el Código de Proceso Penal.
La reparación de daños en sede penal fue introducida por la Ley 11.719/2008 y transformó la forma en que la víctima participa en la acción penal. Desde entonces, el juez puede fijar un valor mínimo de indemnización en la sentencia condenatoria, evitando que la persona perjudicada tenga que iniciar un proceso civil para ver reconocido su daño. Se trata de un avance que refuerza el papel de la víctima y aproxima el proceso penal a una noción de justicia más completa: una justicia que no se limita a castigar, sino que también busca reparar.
¿Qué significa esta reparación en el proceso penal?
El daño causado por un delito puede ser material o moral. El daño material corresponde a pérdidas económicas: la sustracción de un bien, la pérdida de dinero o gastos derivados del hecho. El daño moral, por su parte, abarca el sufrimiento emocional, la humillación, el menosprecio y la afectación a la dignidad o a la tranquilidad personal.
El artículo 387, IV, del CPP permite que estos daños sean reconocidos directamente en el proceso penal. El juez no necesita cuantificar todo el perjuicio: fija un valor mínimo, suficiente para que la víctima pueda ejecutar la sentencia en la jurisdicción civil de manera rápida y eficaz. Si existen daños superiores, la diferencia puede calcularse posteriormente en fase de liquidación.
Este mecanismo refuerza el protagonismo de la víctima, tema que abordamos en otro artículo del blog dedicado al papel del asistente de acusación y su participación activa en el proceso penal: “A atuação da vítima como assistente de acusação”.
¿Cómo funciona en la práctica?
Aunque la dinámica es accesible para la víctima, requiere ciertos cuidados. La ley exige que el pedido de reparación figure en la acusación: debe constar en la denuncia del Ministerio Público o en la querella presentada por la víctima. El juez no puede fijar la indemnización de oficio.
Si el pedido no se formula, el tema no entra en la fase probatoria, y el juez no puede pronunciarse sobre el daño.
También es necesario que la acusación indique un valor inicial para la reparación pretendida. Ese número no limita al juez, pero clarifica el pedido y permite el ejercicio adecuado de la defensa.
Durante la instrucción pueden presentarse documentos que ayuden a dimensionar el daño. En el caso de daños materiales, suelen bastar comprobantes simples: facturas, recibos médicos, extractos bancarios, entre otros. Para el daño moral, la prueba es más flexible, pues muchos de sus efectos son subjetivos. Ciertos delitos —como la violencia doméstica— generan daño moral presumido, según reconocen reiteradamente los tribunales.
¿Cuándo procede la indemnización? Ejemplos cotidianos
La reparación en el proceso penal es viable en una amplia gama de delitos.
En delitos patrimoniales —hurto, robo, estafa— el daño económico suele ser evidente. La víctima cuyo teléfono fue sustraído, que perdió dinero en un engaño o que sufrió un daño concreto puede solicitar que el valor correspondiente sea fijado en la sentencia penal.
Existen también delitos cuya principal lesión no es económica, sino emocional. Las agresiones físicas y verbales, los delitos racistas, los crímenes contra el honor y la violencia doméstica suelen justificar indemnización por daño moral.
En estos casos, el daño se presume a partir del propio hecho y sus efectos sobre la víctima.
Este tema se relaciona directamente con los efectos patrimoniales de la condena penal, que explicamos detalladamente en el artículo “Os efeitos patrimoniais da condenação penal”. Su lectura ayuda a comprender cómo la sentencia penal repercute en la responsabilidad económica del condenado.
El STJ ha abordado el tema: una decisión que definirá parámetros claros para fijar el valor mínimo
La cuestión de la reparación mínima volvió recientemente al centro del debate jurídico a raíz de una decisión del Superior Tribunal de Justicia.
En octubre de 2025, la Tercera Sección del STJ, bajo la relatoría del Ministro Ribeiro Dantas, decidió someter al rito de los recursos repetitivos el Recurso Especial n.º 2.208.052/PI. Ello demuestra la importancia práctica del tema y la necesidad de uniformar el entendimiento en todo el país.
El caso de origen trataba de una condena por robo en la cual el tribunal estatal había fijado un valor mínimo de indemnización basado únicamente en la palabra de la víctima, sin prueba específica del perjuicio económico. La Defensoría Pública impugnó ese criterio y, al analizar el recurso, el STJ reconoció que la cuestión supera el caso concreto: es necesario definir qué requisitos son indispensables para que el juez penal fije el monto mínimo previsto en el artículo 387, IV.
En la decisión de afectación, el STJ planteó claramente la controversia:
¿Debe el juez fijar el valor mínimo solo si existe (i) petición expresa, (ii) indicación del valor pretendido y (iii) prueba específica del daño? ¿O puede hacerlo incluso sin todos esos elementos?
Próximamente se conocerá una directriz nacional clara. Hasta ahora, existían divergencias entre tribunales, especialmente respecto al daño moral y a delitos cuyo perjuicio material no es fácilmente cuantificable.
En síntesis, el recurso repetitivo REsp 2.208.052/PI tiene potencial para establecer los parámetros que deben seguir los jueces penales, haciendo la reparación más previsible, más técnica y más coherente con las garantías de defensa y con los derechos de las víctimas.
¿Por qué este derecho es tan importante para la víctima?
La reparación en el proceso penal representa un avance significativo en la forma en que el sistema de justicia aborda el impacto del delito. La víctima deja de ser un sujeto secundario y pasa a ser reconocida como titular de derechos que merecen tutela efectiva.
Recibir una indemnización mínima en la sentencia evita años de litigio civil y reduce la sensación de impunidad o desamparo.
Además, la fijación del valor mínimo refuerza la responsabilidad del condenado, que pasa a responder no solo ante el Estado, sino también ante quien sufrió directamente el daño.
¿Cuándo buscar orientación jurídica?
Es habitual que las víctimas pierdan la oportunidad de obtener reparación por falta de información. El pedido debe formularse en el momento adecuado, y ciertas pruebas deben producirse antes del cierre de la instrucción. Por eso es esencial buscar asesoría jurídica desde el inicio.
Las víctimas de delitos patrimoniales, por ejemplo, pueden beneficiarse de la lectura de “Notícia-crime e defesa de vítimas patrimoniais”, que profundiza en la importancia de la denuncia y en las estrategias para proteger el patrimonio lesionado.
La reparación de daños en el proceso penal no es un favor: es un derecho previsto en la ley y un instrumento fundamental para hacer que la justicia sea más humana y más completa. Bien utilizada, ayuda a recomponer, al menos en parte, lo que el delito intentó destruir.
