La estafa sentimental, también conocida como engaño amoroso, ha ganado notoriedad en todo el país. Casos como el del “Estafador de Tinder” o la “Loba de Tinder” ejemplifican situaciones en las que personas utilizan aplicaciones de citas para ganarse la confianza de sus víctimas y obtener ventajas económicas indebidas.
En este artículo se explica qué caracteriza el delito de estafa sentimental, sus consecuencias jurídicas y las medidas que puede adoptar la víctima tanto en el ámbito penal como en el civil.
¿Qué es la Estafa Sentimental?
El delito de estafa, previsto en el artículo 171 del Código Penal brasileño, sanciona a quien induce o mantiene a otro en error mediante engaño, artificio o fraude, con el propósito de obtener un beneficio ilícito.
En la modalidad conocida como estafa sentimental, el autor simula una relación afectiva para engañar a la víctima y obtener beneficios económicos, tales como transferencias o créditos bancarios, regalos de alto valor o el uso indebido de bienes y tarjetas.
Se trata de un fraude afectivo que utiliza el vínculo emocional como medio de ejecución del delito.
Tipificación Penal y Proyectos Legislativos
El Proyecto de Ley nº 69/2025 propone la tipificación específica de la estafa sentimental como una forma calificada de estafa, con penas más severas que las actualmente previstas en el artículo 171 del Código Penal.
El proyecto establece:
- Pena de prisión de 3 a 8 años y multa;
- Aumento de un tercio de la pena si el delito se comete mediante perfiles falsos en redes sociales o aplicaciones de citas;
- Pena de 4 a 10 años si la víctima es una persona mayor.
Además, el proyecto propone incluir la estafa sentimental como una forma de violencia psicológica y patrimonial contra la mujer, conforme a la Ley Maria da Penha (Ley nº 11.340/2006).
Inaplicabilidad de la Exención de Pena en el Contexto Conyugal
Otra característica particular de la estafa sentimental es la inaplicabilidad de la causa de exención de pena prevista en el inciso I del artículo 181 del Código Penal.
La Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) ha entendido que dicha inmunidad entre cónyuges no se aplica en los casos de estafa sentimental.
Esto se debe a que, cuando la relación se inicia con intención fraudulenta, no existe la buena fe que fundamenta la inmunidad penal entre compañeros.
Repercusiones Civiles
De acuerdo con la Cuarta Sala del Superior Tribunal de Justicia (STJ), en el Recurso Especial nº 2.208.310, la estafa sentimental constituye un acto ilícito civil que genera el derecho a la indemnización por daños morales y materiales.
La indemnización deriva de la conducta dolosa del autor, que engaña a la víctima para obtener una ventaja patrimonial. En tales casos, la víctima puede reclamar:
- Daños materiales, por las pérdidas o gastos patrimoniales comprobados;
- Daños morales, por la humillación, el sufrimiento emocional y la violación de la dignidad personal.
Actuación Conjunta: Ámbitos Civil y Penal
El artículo 387, inciso IV, del Código de Proceso Penal prevé la fijación de un valor mínimo para la reparación de daños en la sentencia penal condenatoria, pero el monto definitivo debe determinarse en acción civil propia.
A pesar de la existencia de Delegaciones Especializadas de Atención a la Mujer y Juzgados de Violencia Doméstica, la lentitud del proceso penal tiende a obstaculizar la rápida reparación integral de los daños patrimoniales y morales.
Por ello, se recomienda la actuación coordinada entre los abogados penalista y civilista, utilizando las pruebas digitales y documentales producidas en el proceso penal para fundamentar la demanda civil de indemnización, con el fin de hacer efectivo el derecho de reparación de la víctima.
Conclusión
La estafa sentimental evidencia cómo el fraude emocional puede causar graves perjuicios financieros y psicológicos a las víctimas.
Además de constituir un delito previsto en el Código Penal, el acto también configura un ilícito civil que permite la reparación por los daños materiales y morales sufridos.
Por ello, buscar asesoría jurídica especializada es fundamental para garantizar una respuesta legal efectiva, tanto en la responsabilidad penal como en la reparación civil de los daños patrimoniales ocasionados.
