En la era de los fraudes digitales y el crimen organizado, el Derecho Penal se ha expandido para abordar riesgos y conductas que antes quedaban fuera de su alcance.
Esta expansión refleja el intento de responder al sentimiento colectivo de inseguridad en una sociedad en constante transformación.
El aumento de la criminalidad —especialmente en entornos digitales— despierta un deseo social de control y protección. Como resultado, cada vez más personas comunes se ven alcanzadas por las normas penales.
El papel de la tecnología en la ampliación de los riesgos
Como señala el jurista Jesús-María Silva Sánchez, el desarrollo tecnológico y social ha generado nuevos tipos de riesgos que superan el ámbito individual y local.
Hoy, grandes agentes —como empresas, gobiernos y organizaciones— participan en la creación de contextos que el Derecho debe regular.
Estas transformaciones hacen que la responsabilidad penal vaya más allá del modelo tradicional, en el que solo se castigaban los actos individuales, intencionales y directos.
La inseguridad informacional y la percepción del delito
El crecimiento de los riesgos viene acompañado de una sensación social de inseguridad.
La exposición constante a noticias y contenidos sobre criminalidad —ya sea en redes sociales o en medios tradicionales— alimenta la idea de que el delito está en todas partes.
Además, la avalancha de información fragmentada y a menudo imprecisa dificulta distinguir la verdad del error, aumentando la sensación de vulnerabilidad.
En este contexto, la desinformación misma puede llevar a una persona a cometer conductas ilícitas sin ser consciente de su ilegalidad, como en casos de delitos ambientales por desconocimiento de las normas de protección.
Cuando el ciudadano común se ve involucrado en un proceso penal
El contexto actual demuestra que cualquier persona puede convertirse en acusado o víctima de un delito.
En los fraudes digitales, por ejemplo, alguien puede ver clonado su número de WhatsApp, ser utilizado en estafas, ser engañado en un caso de estafa sentimental, e incluso tener que responder penalmente antes de probar que también fue víctima.
Un ejemplo cada vez más frecuente son las ofensas en línea, que pueden constituir delitos contra el honor —calumnia, difamación e injuria— cuando superan los límites de la libertad de expresión. Comentarios impulsivos o acusaciones infundadas en redes sociales pueden tener graves consecuencias penales.
En estos escenarios, buscar una defensa jurídica calificada es esencial para garantizar un proceso justo y rápido, capaz de evitar bloqueos indebidos, exposiciones públicas e interpretaciones equivocadas de los hechos.
En los casos que involucran a víctimas, la asistencia jurídica especializada también es indispensable.
La expansión del Derecho Penal más allá de lo digital: el ejemplo de los delitos ambientales
La expansión del Derecho Penal no se limita al mundo virtual. En el ámbito ambiental, también se manifiesta con fuerza, especialmente desde la Ley nº 9.605/1998 —conocida como la Ley de Delitos Ambientales.
En muchos casos, el legislador reprodujo infracciones administrativas dentro del texto penal, creando un escenario de “administrativización del Derecho Penal”. El resultado es la superposición entre las esferas administrativa y penal, que puede llevar a sancionar conductas sin dolo, sin daño real o que podrían resolverse por medios menos severos.
Este fenómeno está en el centro de debates sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos ambientales. Hoy, una empresa puede ser procesada e incluso condenada sin que ningún directivo sea responsabilizado conjuntamente —una interpretación que amplía el alcance del Derecho Penal y aumenta los riesgos jurídicos y reputacionales.
Además, situaciones de rutina, como operar con una licencia ambiental vencida, se tratan como delitos, revelando una inversión de la lógica penal: lo que debería ser la excepción se ha convertido en la regla.
Seguridad laboral: nuevos focos de responsabilidad penal
Otro campo en el que el Derecho Penal se ha expandido es el de la seguridad y salud en el trabajo. Cuando ocurre un accidente laboral grave, no es raro que el Ministerio Público busque responsabilizar penalmente a gerentes, ingenieros o directores por omisiones en la prevención.
En estos casos, la empresa responde civilmente, pero quienes pueden enfrentar el proceso penal —e incluso restricciones de libertad— son las personas con poder de decisión que no actuaron oportunamente.
El nuevo perfil de los sujetos penales
Las relaciones sociales contemporáneas son cada vez más complejas, y el Derecho Penal acompaña ese movimiento.
La antigua figura del “delincuente” como alguien claramente identificado da paso a un panorama más difuso, en el que acciones cotidianas o simples descuidos pueden generar responsabilidad penal.
Del mismo modo, la víctima también asume nuevos contornos, pudiendo ser tanto un individuo como una colectividad afectada por riesgos globales —como los delitos ambientales, cibernéticos o económicos.
Conclusión: atención y orientación especializada
Ante la expansión del Derecho Penal, es fundamental comprender que cualquier persona puede verse involucrada en un proceso penal, ya sea como víctima o como acusado.
Los nuevos contextos sociales, tecnológicos y ambientales amplían los riesgos y hacen más complejo el sistema de responsabilidad.
Ofensas en redes sociales, difusión impulsiva de contenidos, licencias ambientales vencidas, accidentes laborales o incluso la participación en una investigación empresarial son ejemplos de situaciones que pueden tener consecuencias jurídicas graves.
Por ello, ante cualquier sospecha, denuncia o posible infracción penal, buscar asesoramiento jurídico especializado es la medida más segura. Una actuación técnica y rápida puede evitar daños irreversibles a la reputación, al patrimonio y a la libertad personal.
