Con el aumento de los procedimientos médicos y estéticos, comprender cuándo un médico puede ser responsabilizado penalmente es esencial para profesionales, pacientes y operadores del Derecho.
La responsabilidad penal por error médico abarca situaciones en las que la actuación —o la omisión— de un profesional de la salud provoca lesiones, agravamiento del cuadro clínico o la muerte del paciente.
Este artículo presenta las hipótesis de imputación penal, explica cómo se produce la prueba y distingue entre la conducta dolosa y la culposa.
¿Qué es el error médico según el Derecho Penal?
En el ámbito penal, la jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia (STJ) establece que la responsabilidad penal por error médico exige la presencia simultánea de los siguientes elementos:
- conducta humana voluntaria;
- inobservancia del deber objetivo de cuidado;
- resultado lesivo no querido ni asumido por el profesional;
- nexo causal entre la conducta y el resultado;
- previsibilidad del resultado;
- tipicidad penal de la conducta.
Asimismo, la responsabilidad puede derivar tanto de una acción como de una omisión.
Ejemplo: si un médico deja de solicitar exámenes esenciales, desatiende síntomas relevantes o no sigue los protocolos aplicables, la omisión puede generar responsabilidad penal si produce lesiones al paciente.
Diferencia entre la conducta dolosa y la culposa en el error médico
Conducta dolosa
La conducta dolosa ocurre cuando el profesional quiere el resultado lesivo o asume el riesgo de producirlo. Son situaciones poco frecuentes en la práctica médica.
Conducta culposa
La mayoría de los casos de error médico se atribuyen a culpa, cuando el resultado deriva de la violación del deber de cuidado. La culpa puede manifestarse por:
- imprudencia: acción precipitada o sin cautela;
- negligencia: omisión de los cuidados necesarios;
- impericia: falta de conocimiento técnico o incumplimiento de la lex artis.
Ejemplos comunes de violación del deber de cuidado incluyen:
- fallas de asepsia o higiene;
- incumplimiento de protocolos técnicos (profilaxis, anestesia, instrumentación);
- actuación sin la habilitación correspondiente;
- uso de productos sin registro o sin trazabilidad.
¿Qué delitos pueden derivarse del error médico?
Aunque la culpa es excepción en el Derecho Penal, la responsabilidad penal por conducta culposa es frecuente en casos de error médico, especialmente en los delitos de:
- homicidio culposo (cuando el error produce la muerte);
- lesiones corporales culposas (cuando ocasiona daños físicos, cicatrices o secuelas);
- omisión de auxilio (cuando el profesional no presta la asistencia necesaria).
¿Cómo se acredita el error médico?
1. Prueba de la previsibilidad del resultado
La acusación debe demostrar que el profesional podía prever el resultado lesivo.
Complicaciones raras, imprevisibles o inherentes al propio procedimiento pueden excluir la responsabilidad penal.
Medios probatorios que contribuyen a demostrar la previsibilidad incluyen:
- dictámenes del Consejo Regional de Medicina;
- declaraciones de otros profesionales del área;
- pericia médica en la historia clínica;
- informes técnicos de especialistas.
2. Prueba del nexo causal
El nexo causal demuestra que la acción u omisión del profesional fue determinante para el resultado lesivo.
El análisis suele abarcar:
- antecedentes clínicos del paciente;
- técnica empleada en el procedimiento;
- insumos utilizados;
- evolución del cuadro clínico;
- verificación de concausas.
Riesgo permitido y consentimiento del paciente
El paciente puede asumir los riesgos inherentes al procedimiento, siempre que sea debidamente informado. En estos casos, se habla de riesgo permitido.
No obstante, la responsabilidad penal puede surgir cuando el profesional:
- excede el riesgo jurídicamente permitido;
- actúa más allá de su habilitación profesional;
- ignora contraindicaciones;
- utiliza materiales sin registro o sin trazabilidad.
Conclusión
La responsabilidad penal por error médico depende del análisis técnico de la conducta, de la previsibilidad del resultado y del nexo causal. La investigación exige prueba robusta y una evaluación minuciosa de las circunstancias del caso.
Dada la complejidad del tema, se recomienda que el paciente o el profesional de la salud busquen asesoramiento jurídico especializado para organizar adecuadamente la producción de pruebas y garantizar el pleno ejercicio del derecho de defensa.
