El creciente interés del público por producciones sobre delitos de gran repercusión — como la serie “Tremembé”, que retrata la vida de reclusos condenados por crímenes notorios — revela un fenómeno preocupante: la espectacularización del Derecho Penal.
El término describe la creación de narrativas jurídicas desvinculadas de la realidad, orientadas más al entretenimiento y al impacto mediático que a la efectiva realización de los valores fundamentales del sistema de justicia.
En lugar de cumplir su función social — la resocialización del infractor, la prevención de la violencia y la promoción de la seguridad jurídica —, el Derecho Penal se utiliza, con frecuencia, como escenario de juicios públicos y de explotación de las víctimas.
El Juicio Público y los Daños a la Reputación del Acusado
Casos como el “Caso Evandro”, también conocido erróneamente como el de las “Brujas de Guaratuba”, ilustran el poder destructivo de los medios de comunicación sobre la reputación de los acusados.
La narrativa mediática, al etiquetar y dramatizar los hechos, suele anticipar el juicio de culpabilidad e influir en la opinión pública — incluso en la de posibles jurados.
En este contexto, la labor del abogado penalista va más allá de la defensa técnica en el juicio. Implica la preservación de la dignidad del acusado, la gestión de crisis reputacionales y la protección del derecho a la defensa plena y al juicio imparcial.
La Exposición de la Víctima y el Lucro con el Sufrimiento Ajeno
La espectacularización del delito no afecta solo al acusado.
La explotación mediática del dolor de la víctima, de sus familiares y amigos convierte tragedias personales en contenido de consumo.
Casos internacionales, como el de Jeffrey Dahmer, reavivaron el debate sobre la ética en la narrativa criminal.
Tras la emisión de la serie sobre el caso, las familias de las víctimas denunciaron la revictimización causada por la exposición pública de su intimidad sin consentimiento.
En Brasil, se observa un fenómeno similar: acusados liberados que se convierten en “celebridades” y monetizan su historial delictivo, lo que refuerza la necesidad de una mirada jurídica crítica y ética sobre el tema.
Conclusión: Garantizar la Dignidad de los Involucrados
Como expone brillantemente Jesús-María Silva Sánchez, el Derecho Penal no sigue — ni debe seguir — el ritmo de las transformaciones sociales ni el clamor público que a menudo las impulsa.
Por ello, el papel del abogado penalista es esencial para preservar la dignidad de las personas involucradas en el proceso penal, ya sean acusados o víctimas, y para evitar la instrumentalización del caso con fines mediáticos o políticos.
De esta manera, la defensa penal técnica y ética también tiene como objetivo impedir tanto la “crucifixión” anticipada del acusado como la “explotación” del sufrimiento de las víctimas como forma de entretenimiento público.
Esta postura reafirma la función contramayoritaria de la abogacía penal — no en defensa del delito, sino en defensa de la legalidad y del debido proceso.
