Cuando estalla un conflicto tecnológico dentro de la empresa – ruptura entre socios, salida contenciosa de un director de I+D, competidor que lanza un producto “idéntico” en tiempo récord –, suele aparecer siempre la misma expresión en la mesa: “nos han roto la patente”. La siguiente pregunta es igual de directa: ¿se trata solo de un litigio comercial o ya estamos ante un caso penal?
Precisamente en ese punto – cuando la propiedad intelectual entra en crisis y la alta dirección necesita saber cuándo la infracción de patentes se convierte en delito en Brasil – es cuando los órganos de gobierno tienen que distinguir entre el daño que puede repararse en la vía civil o regulatoria y las situaciones que pueden derivar en responsabilidad penal de personas físicas y de la propia empresa.
Propiedad intelectual en crisis: cuándo la infracción de patentes se convierte en delito en la práctica
La primera distinción es menos intuitiva de lo que parece. La mayoría de los conflictos sobre patentes, marcas, diseños industriales y software se resuelven en el ámbito civil y administrativo: acciones de cesación, reclamaciones de daños y perjuicios, nulidad de registros, medidas cautelares para retirar productos del mercado. En muchos escenarios, aunque el empresario hable de “infracción de patentes”, lo que realmente está en juego es una violación de derechos de propiedad industrial prevista en la legislación brasileña, con consecuencias sobre todo patrimoniales.
El punto de partida sigue siendo técnico: verificar si existe una patente válida, si el depósito se hizo correctamente ante la Oficina Brasileña de Patentes y Marcas (INPI), si el objeto es efectivamente protegible y si la supuesta infracción no se refiere a soluciones ya en dominio público o sometidas a otro régimen (como el secreto empresarial). Sin esa base, hablar de cuándo la infracción de patentes se convierte en delito en Brasil es, como mínimo, precipitado.
La frontera empieza a desplazarse cuando la narrativa pasa de un litigio de mercado a un relato de apropiación dolosa de tecnología, espionaje industrial, violación sistemática de secretos empresariales o utilización de estructuras contractuales para encubrir copias. Es en ese punto cuando la crisis de propiedad intelectual entra en el radar del Ministerio Público y de unidades policiales especializadas, bajo el prisma del Derecho penal económico brasileño.
De la disputa civil al ilícito penal: cuándo la infracción de patentes se convierte en delito
Desde la óptica penal, no toda violación de patente interesa. Lo que activa la intervención penal es la combinación de varios factores:
– dolo cualificado – no basta con “copiar sin querer”; deben existir indicios de una decisión consciente de apropiarse de tecnología ajena,
– escala del daño – impacto relevante en el mercado, desorganización de la competencia, perjuicio significativo para la víctima,
– y, sobre todo, desvío de secretos industriales e informaciones confidenciales en un contexto de confianza.
La doctrina internacional en materia de trade secrets suele definir el secreto empresarial como información confidencial que genera ventaja competitiva, conocida solo por un grupo restringido y protegida mediante medidas razonables de confidencialidad. Cuando un exdirectivo sale con dispositivos llenos de fórmulas, algoritmos, carteras de clientes y estrategias de precios, ya no estamos debatiendo únicamente sobre infracción de patentes: estamos ante posibles delitos de competencia desleal, violación de secretos empresariales e incluso estructuras organizadas si la conducta forma parte de un engranaje más amplio.
La pregunta central para la alta dirección, por tanto, no es solo si ha habido una infracción técnica de un derecho de propiedad industrial. Es si la conducta – tal y como fue planificada, reiterada y documentada – revela un proyecto consciente de apropiarse de activos intangibles ajenos, explotarlos a gran escala y ocultar esa apropiación mediante contratos de fachada, sociedades interpuestas o estructuras cuidadosamente diseñadas. Esa transición de la controversia civil al dolo organizado es lo que convierte la infracción de patentes en delito en Brasil.
Dolo, escala y secretos industriales: lo que realmente busca el Derecho penal
Cuando el caso llega a la esfera penal, suelen orientar el análisis tres ejes.
En primer lugar, el dolo. Es muy distinto descubrir, tras meses de desarrollo interno, que una solución se aproxima a la patente de un tercero, y copiar deliberadamente esa patente sabiendo que está vigente, con dictámenes internos que alertan del riesgo jurídico. En este último supuesto, correos electrónicos, actas, presentaciones e informes pasan a acreditar no solo el conocimiento de la protección, sino la decisión consciente de violarla.
En segundo lugar, la escala. El Derecho penal no se ocupa de trivialidades. La apropiación de tecnología en sectores como el farmacéutico, el software embebido, las telecomunicaciones o el agronegocio puede representar miles de millones de reales en valor de mercado, destrucción de barreras tecnológicas y eliminación artificial de competidores. En sectores regulados, una “infracción de patentes” puede incluso repercutir en la salud pública o en la seguridad de infraestructuras críticas.
Por último, los secretos industriales. En muchas crisis, el centro de la controversia no es la patente, sino el conjunto de informaciones que nunca se patentaron precisamente para seguir siendo secretas: know-how de proceso, parámetros de producción, rutas de síntesis, bases de datos, modelos de fijación de precios. El WIPO Guide to Trade Secrets and Innovation insiste en que la protección real empieza con una buena gestión interna del secreto, no con la ley en abstracto. Si la empresa no protege sus secretos, será más difícil construir una narrativa penal sólida cuando se produzca la filtración; si lo hace, la violación dolosa tenderá a adquirir mucho más peso en el marco del Derecho penal económico brasileño.
Cómo debe reaccionar la empresa cuando sospecha que la infracción de patentes se ha convertido en caso penal
Ante un conflicto grave de propiedad intelectual, la peor reacción es mezclarlo todo: enviar requerimientos, presentar demandas civiles, activar a la prensa y, al mismo tiempo, registrar denuncias penales sin coordinación alguna de hechos o pruebas. En las crisis complejas, el camino suele ser justo el contrario.
El primer paso es reconstruir técnicamente el activo supuestamente infringido: qué patente, registro o secreto está en juego; cuál es su alcance; desde cuándo está protegido; cómo lo ha documentado la empresa a lo largo del tiempo. En paralelo, resulta esencial llevar a cabo una investigación interna estructurada, muchas veces planteada como una investigación defensiva, para entender el papel de exsocios, exdirectivos y proveedores en la cadena de hechos: ¿hubo copia deliberada? ¿Hubo acceso autorizado seguido de desvío? ¿Se vulneraron cláusulas de confidencialidad o de no competencia?
Solo entonces tiene sentido plantearse abrir un frente penal, ya sea para formular denuncia o, en la posición contraria, para responder a una noticia-crimen ya presentada por la otra parte. En ambos casos rige la misma advertencia: hay que mirar todo el tablero antes de dar el primer paso formal.
En el ámbito de la propiedad intelectual, esto implica evaluar si la vía penal es realmente necesaria, qué personas físicas quedarán expuestas, qué prueba existe hoy – y qué prueba puede aparecer mañana – y cómo se articula todo ello con los procesos civiles o arbitrales en curso. La empresa que judicializa todo de inmediato puede descubrir, más adelante, que ha producido ella misma la prueba que faltaba para una acusación penal más agresiva.
Un caso ilustrativo: de la “queja de patentes” a la acusación por competencia desleal
Imaginemos una empresa brasileña de biotecnología que, durante años, desarrolla un portafolio de patentes y secretos industriales en torno a un insumo agrícola de alto valor añadido. Un director clave, responsable del área de investigación, abandona el grupo en medio de una compleja disputa sucesoria y, pocos meses después, aparece como socio de una nueva compañía que lanza un producto de rendimiento muy similar, en un plazo técnicamente inverosímil para un desarrollo independiente.
En un primer momento, la empresa reacciona con una combinación de medidas civiles: acción de cesación de la infracción de patente, prueba pericial, solicitudes de medidas cautelares para retirar el producto del mercado. Sin embargo, durante la instrucción surgen indicios de que el exdirector copió bases de datos completas antes de marcharse, se llevó cuadernos de laboratorio, replicó protocolos internos y volvió a contratar, en la nueva empresa, a la misma cadena de proveedores estratégicos.
A partir de ese momento, el análisis deja de girar en torno al eslogan genérico de “cuándo la infracción de patentes se convierte en delito en Brasil” y pasa a ser una discusión concreta sobre violación dolosa de secretos industriales, competencia desleal y explotación organizada de tecnología ajena. La empresa que ha documentado bien sus activos, protegido sus secretos y actuado con método puede entonces sostener una narrativa penal consistente o, si se encuentra en el lado opuesto, defenderse demostrando que desarrolló la tecnología por vías propias y en un plazo compatible con la complejidad del proyecto.
Conclusión: una crisis de propiedad intelectual exige una mirada penal, no solo un número de patente
El mensaje para la alta dirección es claro. En muchos casos, hablar de “infracción de patentes” significa únicamente que habrá un litigio duro, pero esencialmente civil, sobre quién puede explotar un determinado activo tecnológico. Sin embargo, a medida que aparecen el dolo cualificado, la escala económica y el desvío consciente de secretos industriales, la crisis deja de ser terreno exclusivo de los especialistas en propiedad industrial y pasa a ocupar un lugar central en la agenda del Derecho penal económico brasileño.
Reconocer esa transición – y actuar antes de que se consolide – es una función típica de quienes gobiernan empresas expuestas a la innovación, a la competencia global y al escrutinio regulatorio. Decidir si el asunto es “mera disputa de patentes” o una crisis penal exige método, investigación interna seria y coordinación entre los distintos frentes jurídicos. En contextos de este tipo, la improvisación suele ser el principal enemigo de una buena defensa.
