La preparación del CEO de una empresa para una declaración en una investigación policial comienza con un reconocimiento esencial: la mayoría de los ejecutivos se sorprenden con la citación y reaccionan con aprensión — “¿Qué quiere la policía conmigo?”, “¿Cuál es el motivo de la investigación?”
Las citaciones, por lo general, solo indican el número del procedimiento, la autoridad policial y el secretario, sin detallar el objeto investigado. Por eso, el primer paso es designar de inmediato a un abogado penalista de confianza.
Este profesional evaluará si la comparecencia será en calidad de testigo o de investigado, identificará el alcance de la investigación y trazará la estrategia de defensa más adecuada para el caso.
Primer paso: acceso al expediente y definición de la estrategia
El abogado penalista formaliza el poder, solicita la vista del expediente y puede pedir el aplazamiento de la audiencia cuando sea necesario.
Con los documentos en mano, es posible delimitar la posición procesal del ejecutivo y comprender la línea investigativa.
En esta etapa, se aplica la Resolución CNMP n.º 181/2017, que regula los procedimientos de investigación en la fase preprocesal, garantizando derechos y orientando conductas.
Testigo vs. Investigado: derechos y límites
La distinción entre testigo e investigado es fundamental:
- El testigo tiene el deber legal de decir la verdad y responder objetivamente, sin omitir hechos relevantes.
- El investigado tiene derecho a guardar silencio y a no autoincriminarse, lo cual no implica culpa, sino el ejercicio legítimo de una garantía constitucional.
Cuando existan dudas sobre la condición procesal, se recomienda evitar exposiciones innecesarias hasta que la defensa tenga pleno conocimiento del expediente.
Mapeo interno y línea temporal de los hechos
La preparación de la declaración debe incluir un mapeo interno estructurado, respondiendo preguntas como:
- ¿El CEO tiene conocimiento directo de los hechos o depende de información técnica?
- ¿Qué áreas concentran datos sensibles (financieros, fiscales, ambientales, de cumplimiento)?
- ¿Qué gestores o empleados pueden ayudar a comprender la cronología de los hechos?
- ¿Qué documentos ayudan a reconstruir el contexto (contratos, correos electrónicos, informes)?
Este relevamiento permite construir un guion de preguntas y respuestas e identificar posibles puntos críticos.
En algunos casos, es prudente presentar documentos de forma coordinada, fuera del acto de declaración, acompañados de una nota técnica explicativa.
Cuándo hablar — y cuándo ejercer el derecho al silencio
La decisión de declarar debe basarse en el grado de riesgo identificado en el expediente.
En las fases iniciales, hablar sin conocer el contexto puede abrir nuevas líneas de investigación.
Por otro lado, cuando se trata de una declaración técnica y delimitada, respuestas precisas y objetivas ayudan a acortar el procedimiento.
El equilibrio está en combinar claridad, prudencia y control del riesgo.
Documentos, versiones y gobernanza
La gestión documental forma parte de la defensa técnica. Anexar documentos sin alineamiento estratégico puede generar interpretaciones distorsionadas.
La presentación coordinada —con indexación y explicación técnica— asegura coherencia y evita lagunas.
En casos complejos, puede ser recomendable una investigación defensiva, herramienta prevista en el Provimento n.º 188/2018 de la OAB, que permite reunir pruebas técnicas de manera estructurada.
Acompañamiento por abogado y percepción institucional
Comparecer con un abogado penalista no es señal de culpa, sino de responsabilidad institucional.
La reputación ética del profesional y su interlocución con las autoridades refuerzan la credibilidad de la declaración y protegen al cliente de interpretaciones equivocadas.
El objetivo es responder con precisión, resguardar derechos y preservar la imagen de la empresa.
Conclusión: método y serenidad
Las declaraciones en investigaciones policiales exigen preparación técnica, estrategia y serenidad.
Cuando el citado ocupa un cargo de liderazgo —como un CEO—, cada respuesta puede reflejarse en la reputación personal e institucional.
Por eso, la actuación preventiva del abogado penalista es el factor decisivo entre una audiencia controlada y un escenario de exposición innecesaria.
Más que reaccionar ante una citación, el ejecutivo debe comprender que el derecho de defensa comienza antes de hablar: con el acceso al expediente, el mapeo interno de los hechos y la definición clara de la conducta.
Actuar con método y orientación jurídica adecuada demuestra responsabilidad corporativa y reduce riesgos jurídicos y reputacionales.
La preparación correcta es, en última instancia, la mejor forma de preservar la empresa y la propia narrativa del hecho.
