Usted dirige una empresa de mediano porte. Quien se ocupa del área jurídica interna es su hija, también abogada. Ella no tiene cartera de clientes propia — la empresa es su único cliente. Está presente en todas las decisiones estratégicas: revisa contratos, asesora a la dirección, participa en reuniones de gobierno corporativo, redacta comunicaciones en nombre de la empresa. No hay un departamento jurídico departamentalizado; existe ella, con el correo corporativo, integrada al día a día de la operación.
En una investigación penal contra la empresa, el área jurídica interna se convierte en blanco natural. La lógica de la persecución es simple: quien participaba en las decisiones conoce las decisiones; quien conocía las decisiones puede haber contribuido a ellas; por tanto, es razonable investigar — y, eventualmente, registrar. El registro alcanza correos electrónicos, archivos, anotaciones, tratativas. La actividad de la abogacía ejercida internamente es tratada como dato de la investigación, no como actividad protegida.
Quien leyó El Padrino o vio la trilogía de Coppola conoce la figura de Tom Hagen — el consigliere de la familia Corleone, hijo adoptivo de Vito, abogado de formación. Hagen es el arquetipo cultural del abogado interno en estructura familiar, llevado a un extremo ficcional. La persecución penal brasileña suele operar con una lectura superficial de ese arquetipo: el abogado cercano a la familia empresarial es, por proximidad, sospechoso de complicidad. La lectura es equivocada — y el propio caso Hagen, examinado con atención, prueba lo contrario. Volveré sobre este punto.
Antes, conviene aclarar lo que está en juego en el plano normativo. El ejercicio de la abogacía — independientemente del régimen de contratación — está protegido por el art. 7º, II, de la Ley 8.906/94 (Estatuto de la Abogacía brasileño) y por el secreto profesional del art. 5º, XIV, de la Constitución Federal. La protección alcanza el contenido de la actividad de la abogacía, no la forma del vínculo entre el abogado y el cliente. Pero la persecución, en la práctica, opera con una lente diferente: trata al abogado interno en estructuras familiares como integrante del gobierno corporativo, no como abogado.
La lente equivocada de la persecución
La mayoría de las empresas brasileñas no tiene un departamento jurídico en el formato corporativo idealizado. En sociedades anónimas cotizadas, en sociedades de responsabilidad limitada de gran porte, en multinacionales con sede en el país, existe la figura clara del general counsel — formalmente contratado, con subordinación al consejo, con nombramiento en acta y remuneración formalizada. Para esas empresas, el reconocimiento del abogado interno es trivial.
Para la mayor parte de las empresas brasileñas, no lo es. El jurídico es un socio que se formó en derecho. Es la hija del empresario que asumió la parte legal después de inscribirse en el Colegio de Abogados (OAB). Es el cuñado, el heredero, el miembro de la familia con formación jurídica que orienta las decisiones de la empresa desde hace veinte años. No hay acta de nombramiento. No hay contrato laboral firmado. No hay contrato formal de prestación de servicios. Existe la función, ejercida con perennidad e identificación institucional — pero sin los elementos formales que aparecen en los manuales de gobierno corporativo.
La persecución penal, ante esta configuración, tiende a aplicar una presunción implícita: si no hay formalidad del vínculo, no hay abogado interno. Y, si no hay abogado interno, no hay protección que invocar. El resultado práctico es que el jurídico real de la empresa es tratado, en la investigación, como un sospechoso más de la estructura — alguien cuyas comunicaciones, archivos y tratativas pueden ser libremente examinados.
Incluso Tom Hagen merecería protección
Volvamos a Hagen. En la película y en el libro, Mario Puzo y Francis Ford Coppola no lo pintan como villano. Hagen es tratado con profesionalismo, con lealtad institucional, con inteligencia. Es un abogado — y así lo construye la narrativa. La lectura popular de que Hagen sería “el abogado de la mafia” en sentido peyorativo es distorsión del espectador, no del texto.
La persecución penal, sin embargo, suele operar con esa versión popular del paradigma Hagen — la lectura superficial del personaje: el abogado cercano a la familia empresarial es, por proximidad, sospechoso de complicidad. La lente es la del espectador de la película, que asiste a la narrativa desde afuera, con la perspectiva privilegiada de saber, en tiempo real, lo que ocurre en la familia Corleone. El investigador real no tiene esa perspectiva privilegiada. Opera sin omnisciencia narrativa: ve tratativas, ve reuniones, ve comunicaciones — pero no ve el crimen ocurriendo en una pantalla ante él.
Aquí está el punto que debe formularse con claridad: incluso Tom Hagen — el caso extremo, la referencia ficcional de abogado interno en estructura criminal — tendría derecho a la protección de la abogacía si el Ministerio Público no demostrara, con prueba concreta, su participación directa en la supervisión de las actividades criminales de la familia. La proximidad no es prueba. El rol funcional no es prueba. La lealtad institucional no es prueba. Sin indicios concretos del delito y de la autoría, incluso el consigliere de mafia ficcional permanecería bajo la protección del secreto profesional.
Si la regla vale para Hagen, vale con mucha mayor razón para la gran mayoría de los abogados internos de empresas familiares brasileñas — que nada tienen de Hagen, que conducen actividades enteramente legítimas, y que se ven sometidos a una lente investigativa que presume complicidad por la mera proximidad.
El precedente Americanas (Reclamación N° 57.996, STF)
El Supremo Tribunal Federal (STF) ya enfrentó directamente esta cuestión. En la Reclamación N° 57.996, juzgada en 2023, el STF declaró la nulidad de la decisión de la 2ª Vara Empresarial de São Paulo, que había determinado un amplio registro e incautación de correos electrónicos de todos los directores, administradores y gestores del Grupo Americanas — alcanzando, inclusive, a los abogados internos y externos de la empresa. La decisión de la Corte fijó que la inviolabilidad de la abogacía, prevista en el art. 7º, II, de la Ley 8.906/94, alcanza al abogado interno en pie de igualdad con el abogado externo. El régimen de contratación es irrelevante para la protección: lo que protege el secreto profesional no es la forma del vínculo, sino la naturaleza de la actividad.
El precedente surgió en el contexto de una sociedad anónima de capital abierto, con estructura corporativa elaborada, departamento jurídico institucionalizado y abogados internos contractualmente identificables. Precisamente por eso, la razón de decidir del STF se proyecta con mayor fuerza sobre estructuras menores. Si incluso en una S.A. cotizada el Supremo entendió necesario declarar la nulidad del registro — porque la lente de la persecución no puede confundir abogado con investigado —, con mucha mayor razón la misma lógica debe operar en sociedades limitadas familiares, en empresas individuales con jurídico vinculado al socio, y en estructuras en las que el abogado interno es pariente del empresario. La vulnerabilidad de esas estructuras es mayor; la protección del art. 7º, II, del Estatuto de la Abogacía debe alcanzarlas con igual o mayor intensidad.
La lectura del STF dialoga con la ADI 1.127 (Acción Directa de Inconstitucionalidad), paradigma histórico sobre la inviolabilidad de la abogacía, y con la jurisprudencia consolidada sobre el secreto profesional como prerrogativa instrumental — no privilegio corporativo, sino garantía del ciudadano de poder buscar asesoramiento jurídico con confianza. Sin esa protección, nadie buscaría un abogado.
La Operación Lava Jato produjo precedentes correlacionados. El caso de Maurício Ferro, ex director jurídico de Odebrecht, llevó al reconocimiento de la nulidad de interceptaciones entre abogados y clientes obtenidas en el curso de la operación. La Reclamación N° 36.542 del STF, sobre la 14ª fase de Lava Jato contra Odebrecht, reafirmó las prerrogativas de la abogacía contra el intento de criminalización de la actividad. Decisiones del ministro Dias Toffoli en 2024 declararon la nulidad de actos de la operación contra Marcelo Odebrecht — orientación posteriormente confirmada por el pleno del STF.
La comprobación del vínculo en estructuras familiares
El punto técnico más sensible, en la defensa del abogado interno en empresa familiar, es la comprobación del vínculo. En estructuras departamentalizadas, el acta de nombramiento o el contrato formal resuelven la cuestión. En estructuras familiares más pequeñas, el vínculo se demuestra por otros medios.
La Comisión de Abogacía Corporativa del Colegio de Abogados de Paraná (OAB-PR), recientemente elevada a la condición de comisión permanente — única comisión de la Orden en el estado con requisito de admisión restringido a abogados corporativos — ha trabajado esta materia. La comprobación de la integración estructural puede darse por múltiples vías: firma en correo electrónico corporativo, tarjeta institucional, participación documentada en reuniones de gobierno corporativo, vínculo perenne de exclusividad con la empresa, identificación como representante jurídico en correspondencias externas, ausencia de otra cartera de clientes más allá de esa estructura.
Lo que importa, bajo el prisma de la protección, no es la etiqueta formal. Es la demostración de que aquella persona ejerce, de hecho y con perennidad, el papel de abogada de la estructura. Quien ejerce la abogacía, aunque sea para un solo cliente, y aunque ese cliente sea una empresa familiar dirigida por su propio padre, es abogada — y su actividad está protegida por el art. 7º, II, del Estatuto de la Abogacía.
La carga de la prueba es de la persecución
Hay un principio que debe reafirmarse con fuerza: la carga de demostrar la participación concreta del abogado en actividad criminal es de la persecución, no de la defensa. No corresponde al abogado interno probar que no es cómplice. Corresponde al Ministerio Público y a la autoridad policial demostrar, con indicios concretos del delito y de la autoría, que aquella persona específica — en aquella hipótesis específica — participó en la práctica delictiva. Sin esa demostración, no hay fundamento para apartar la inviolabilidad. El criterio vale para el general counsel de una multinacional, para la hija abogada de un empresario de mediano porte y, en el límite ficcional, también valdría para Hagen.
La práctica, lamentablemente, opera en sentido opuesto. La presunción implícita de las operaciones es que todo abogado cercano a la estructura empresarial investigada tuvo, en algún grado, participación en las decisiones cuestionadas. Esa presunción contamina el pedido de registro, contamina la ejecución de la medida, contamina el análisis posterior del material incautado. La defensa del abogado interno se torna, en la práctica, una batalla contra una desconfianza difusa que se materializó en mandato judicial.
Ya analicé en este blog cómo esa lógica criminalizadora opera de forma expansiva en las imputaciones de organización criminal — y cómo desborda del combate a estructuras verdaderamente criminales para alcanzar ambientes empresariales legítimos. El registro sobre el abogado interno es una de las manifestaciones más sensibles de ese fenómeno, porque alcanza no solo al profesional individual, sino la posibilidad institucional de que la empresa cuente con asesoramiento jurídico interno. Ese riesgo se materializa, con frecuencia, en el momento concreto de la visita inesperada de la autoridad policial — cuando la primera reacción institucional puede definir el alcance de lo que efectivamente será examinado.
En defensa de la abogacía interna
Hay una asimetría llamativa en la recepción cultural de Tom Hagen. En el cine y en la literatura, es tratado con dignidad — Coppola y Puzo lo construyen como personaje complejo, profesional competente, leal a los valores de la familia que lo adoptó. En el imaginario jurídico-policial, el mismo Hagen se vuelve sinónimo de complicidad. La figura ficcional es reapropiada como justificativa para sospechar de cualquier abogado interno cuya relación con la estructura empresarial trascienda el vínculo formal e impersonal. La pérdida en esa reapropiación es la del propio personaje: en su versión original, Hagen es un abogado, no un delincuente disfrazado.
El ejercicio de la abogacía en ambiente empresarial — sea interna o externamente — es parte esencial del funcionamiento del Estado de Derecho. Toda empresa seria necesita, en algún momento, asesoramiento jurídico. Toda decisión estratégica relevante pasa, en algún grado, por análisis legal. Todo gobierno corporativo digno de ese nombre incluye la presencia del jurídico en las mesas donde se decide.
La abogacía ejercida desde dentro de la empresa cumple funciones que la abogacía externa no consigue cumplir del mismo modo. Continuidad. Conocimiento profundo del negocio. Capacidad de actuar preventivamente. Velocidad de respuesta. Integración con la operación. Esos atributos no hacen del abogado interno un insider conspirativo — hacen de él un profesional especializado en prestar asesoramiento jurídico de calidad dentro de una estructura específica.
La hija del empresario que se inscribió en el Colegio de Abogados y pasó a ocuparse del área jurídica del padre no es socia oculta de ningún esquema. Es una abogada cumpliendo su papel. El socio que estudió derecho y orienta las decisiones de la limitada no es un cómplice escondido tras un título profesional. Es un abogado dentro de la estructura societaria de la que también forma parte. El heredero que retornó a la empresa familiar para integrar el área jurídica no es sospechoso automático por el simple hecho de cargar el apellido. Es un profesional ejerciendo una función reconocida por el ordenamiento.
La protección del art. 7º, II, del Estatuto de la Abogacía no existe para blindar a abogados. Existe para garantizar que cualquier ciudadano — inclusive el empresario, inclusive la empresa familiar — pueda buscar asesoramiento jurídico con la certeza de que esa búsqueda no será usada contra él. Sin esa garantía, el acceso a la abogacía se vuelve un riesgo en sí mismo. Y sin abogacía accesible, no hay defensa posible.
La presunción que debe operar respecto del abogado interno es la presunción de legitimidad. Vale para el consigliere ficcional. Vale con mucha mayor razón para los abogados internos reales — que ejercen para empresas legítimas, en estructuras familiares legítimas, bajo vínculos legítimos. El caso excepcional, cuando exista, exige prueba concreta. No puede ser usado como filtro retroactivo para examinar a quien ejerce legítimamente el papel. Sin esa protección, no hay abogado interno. Y sin abogado interno, se pierde parte esencial del gobierno corporativo brasileño.
Guilherme Brenner Lucchesi es abogado penalista, doctor en Derecho por la UFPR, LL.M. por la Cornell Law School, profesor de Derecho Procesal Penal en la Universidad Federal de Paraná (UFPR), presidente del Instituto de los Abogados de Paraná (IAP) y socio fundador de Lucchesi Advocacia.
