Una investigación penal ambiental puede partir de un solo hecho y terminar en varias imputaciones. Una obra realizada en un área ambientalmente protegida, por ejemplo, puede abrir discusiones sobre daño a una unidad de conservación, impedimento de la regeneración de la vegetación, construcción en suelo no edificable y realización de actividades sin la autorización ambiental exigida.
Que varios tipos penales puedan resultar aplicables en abstracto no significa que todos deban imputarse simultáneamente. Cada delito exige sus propios elementos, y algunas consecuencias de una intervención ambiental pueden estar ya comprendidas en el delito que describe la conducta principal.
Esta ampliación de la imputación suele describirse con el término overcharging. Sin trasladar íntegramente la categoría estadounidense, la expresión resulta útil para identificar situaciones en las que el número o la gravedad de los delitos imputados excede lo que los hechos y la prueba permiten sostener.
En materia penal ambiental, la cuestión tiene consecuencias procesales directas. La calificación jurídica determina la pena en abstracto y, con ella, puede modificar la competencia, la prescripción y el mecanismo de solución consensuada aplicable. Imputaciones que después resultan absorbidas por otro delito, atípicas o carentes del resultado exigido por el tipo pueden mantener el caso fuera de los Juzgados Especiales Penales, excluir la transacción penal y llevar a una propuesta de Acuerdo de No Persecución Penal (ANPP) que no sería procedente con la calificación correcta.
Una misma intervención ambiental no equivale necesariamente a varios delitos
La Ley brasileña n.º 9.605/1998 contiene tipos penales que pueden aparecer vinculados al mismo contexto fáctico. El art. 40 sanciona a quien causa daño directo o indirecto a una unidad de conservación. El art. 48 se refiere al impedimento o la dificultad de la regeneración natural de bosques y otras formas de vegetación. El art. 64, a su vez, alcanza la construcción en suelo no edificable o en su entorno cuando se realiza sin autorización o en desacuerdo con la autorización concedida.
La proximidad entre estos tipos exige determinar si existen conductas y resultados autónomos o si las distintas imputaciones describen consecuencias de una misma intervención.
El Superior Tribunal de Justiça de Brasil examinó esta cuestión al analizar la relación entre construcción irregular e impedimento de la regeneración de la vegetación. Su 5.ª Sala concluyó que, cuando el impedimento deriva de la propia existencia de la construcción, el art. 48 no configura un delito autónomo:
“La conducta del art. 48 de la Ley 9.605/1998 constituye un mero hecho posterior impune respecto del acto de construir en un lugar no edificable.”
(STJ, 5.ª Sala, Recurso Especial n.º 1.925.717/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, resuelto el 25 mayo 2021).
La razón es sencilla. Si la regeneración deja de producirse porque la construcción ocupa físicamente el espacio en el que podría crecer la vegetación, el impedimento de la regeneración es una consecuencia de la propia construcción. Para sancionar ambas situaciones por separado es necesario demostrar una conducta adicional o una lesividad distinta.
El Tribunal Regional Federal de la 4.ª Región (TRF4) adoptó el mismo criterio en un caso con imputaciones basadas en los arts. 40, 48 y 64 de la Ley n.º 9.605/1998:
“El impedimento de la regeneración natural de la vegetación configura un mero agotamiento del delito, en la medida en que resulta del aprovechamiento natural de la propia construcción.”
(TRF4, 7.ª Sala, Apelación Penal n.º 5021781-45.2018.4.04.7200/SC, rel. Des. Fed. Salise Monteiro Sanchotene, resuelta el 15 dic. 2020).
Decisiones más recientes han mantenido esta orientación. Al examinar una construcción en suelo no edificable, la 7.ª Sala afirmó:
“Se aplica el principio de consunción para que el delito de construcción en suelo no edificable (art. 64 de la Ley n.º 9.605/1998) absorba el de impedimento de la regeneración natural (art. 48).”
(TRF4, 7.ª Sala, Apelación Penal n.º 5026963-83.2025.4.04.7000/PR, rel. Des. Fed. Luiz Carlos Canalli, resuelta el 1.º sep. 2026).
La 8.ª Sala llegó a la misma conclusión en otro proceso:
“La recalificación jurídica de la conducta conforme al art. 64 de la Ley n.º 9.605/98 fue correcta, pues este tipo penal absorbe las imputaciones previstas en los arts. 40 y 48 del mismo cuerpo legal.”
(TRF4, 8.ª Sala, Apelación Penal n.º 5029052-16.2024.4.04.7000/PR, rel. Des. Fed. Marcelo Malucelli, resuelta el 11 mar. 2026).
Estos precedentes muestran que la multiplicidad de efectos ambientales no autoriza, por sí sola, una multiplicidad de delitos. Cuando el daño o el impedimento de la regeneración integra la ejecución o el agotamiento del delito de construcción irregular, debe analizarse la consunción antes de tratar cada consecuencia como una imputación autónoma.
El art. 40 exige daño ambiental efectivo
El problema también aparece cuando la imputación depende de un resultado que no ha sido demostrado.
El art. 40 de la Ley n.º 9.605/1998 sanciona la causación de daño directo o indirecto a una unidad de conservación. Se trata de un delito de resultado. La irregularidad de la obra, su ubicación en un área ambientalmente sensible o la posibilidad abstracta de generar impactos no sustituyen la prueba del daño exigido por el tipo.
El TRF4 aplicó esta distinción al confirmar el rechazo de una acusación que atribuía tres infracciones del art. 40:
“El delito de daño a una Unidad de Conservación, previsto en el art. 40 de la Ley n.º 9.605/98, tiene naturaleza material y exige la comprobación de un resultado naturalístico, es decir, un daño ambiental efectivo, directo o indirecto. La mera probabilidad o presunción de daño no es suficiente para configurar el tipo penal.”
(TRF4, 8.ª Sala, Recurso Penal en Sentido Estricto n.º 5073778-41.2025.4.04.7000/PR, rel. Des. Fed. Marcelo Malucelli, resuelto el 8 abr. 2026).
En la misma decisión, el Tribunal señaló que la ocupación humana previa del área impedía extraer de la mera ocupación la prueba del resultado exigido por el art. 40:
“La configuración del delito de daño a una Unidad de Conservación (art. 40 de la Ley n.º 9.605/98) exige la comprobación de un daño ambiental efectivo; no basta la mera presunción ni la imposibilidad de determinar la vegetación suprimida debido a la antropización previa del área.”
(TRF4, 8.ª Sala, Recurso Penal en Sentido Estricto n.º 5073778-41.2025.4.04.7000/PR, rel. Des. Fed. Marcelo Malucelli, resuelto el 8 abr. 2026).
La 7.ª Sala también descartó la aplicación del art. 40 en un caso en el que la construcción excedía de forma significativa el área autorizada. Se reconoció la irregularidad de la obra, pero no subsistió la imputación por daño a la unidad de conservación:
“El informe pericial no acreditó la existencia de daño, directo o indirecto, a una unidad de conservación (art. 40 de la Ley n.º 9.605/1998).”
(TRF4, 7.ª Sala, Apelación Penal n.º 5026963-83.2025.4.04.7000/PR, rel. Des. Fed. Luiz Carlos Canalli, resuelta el 1.º sep. 2026).
La distinción es importante porque una construcción irregular y un daño ambiental son conceptos jurídicos diferentes. La primera puede generar responsabilidad administrativa o encajar en otro tipo penal, pero no demuestra automáticamente el resultado exigido por el art. 40.
La calificación jurídica determina el régimen procesal
La discusión sobre la calificación correcta no termina con la definición de la pena. También determina el procedimiento aplicable.
Los arts. 48 y 64 de la Ley n.º 9.605/1998 prevén pena de detención de seis meses a un año, además de multa. En el derecho brasileño son, por tanto, infracciones de menor potencial ofensivo, sometidas al régimen de los Juzgados Especiales Penales.
En los delitos ambientales, el art. 27 de la propia Ley n.º 9.605/1998 regula expresamente la transacción penal y condiciona su propuesta, como regla, a la previa reparación del daño ambiental, salvo imposibilidad debidamente demostrada.
La consecuencia es relevante cuando la investigación comienza con imputaciones más graves que no se sostienen después del análisis de la prueba. Si el hecho remanente encaja en los arts. 48 o 64, la reducción de la imputación también modifica el mecanismo consensual jurídicamente procedente.
Eso ocurrió, por ejemplo, en el proceso posteriormente resuelto en la Apelación Penal n.º 5029052-16.2024.4.04.7000/PR. Recalificados los hechos conforme al art. 64, el asunto fue remitido para examinar la posibilidad de transacción penal. Al confirmar la recalificación, el Tribunal señaló:
“La recalificación jurídica de la conducta conforme al art. 64 de la Ley n.º 9.605/98 fue correcta.”
(TRF4, 8.ª Sala, Apelación Penal n.º 5029052-16.2024.4.04.7000/PR, rel. Des. Fed. Marcelo Malucelli, resuelta el 11 mar. 2026).
En este contexto, la calificación jurídica debe definirse antes de elegir el acuerdo aplicable.
La transacción penal excluye el ANPP
El art. 28-A del Código de Proceso Penal brasileño establece dos premisas relevantes. El Acuerdo de No Persecución Penal (ANPP) presupone que no proceda el archivo y no puede celebrarse cuando sea posible una transacción penal de competencia de los Juzgados Especiales Penales.
La regla del inciso I del § 2.º del art. 28-A no establece una preferencia entre dos acuerdos disponibles. Si procede la transacción penal, el ANPP queda excluido. Si la única calificación remanente corresponde a los arts. 48 o 64, ambos con pena máxima de un año, el caso pasa al régimen de las infracciones de menor potencial ofensivo y debe examinarse conforme a las reglas de la transacción penal.
Por eso, una propuesta de ANPP no elimina la necesidad de examinar la tipicidad y la correcta calificación jurídica. Esas cuestiones deben resolverse antes del acuerdo.
El punto es especialmente relevante porque el ANPP exige una confesión formal y circunstanciada de la infracción penal. Si la investigación no ha demostrado un resultado exigido por el tipo, o si una de las imputaciones está absorbida por otra, la negociación no debería utilizarse para consolidar una calificación que todavía necesita revisión.
El problema se hace más claro cuando la prueba técnica contradice parte de los hechos que serían objeto de la confesión. En una de las situaciones examinadas, la pericia respondió negativamente a la pregunta sobre destrucción o daño a la vegetación, mientras que la propuesta de acuerdo seguía incluyendo imputaciones fundadas precisamente en la destrucción de vegetación.
El análisis sobre archivo, tipicidad, consunción y calificación jurídica debe, por tanto, preceder la discusión de las condiciones del ANPP.
La calificación jurídica también puede modificar el análisis de la prescripción
La pena prevista para el delito sirve de referencia para determinar el plazo de prescripción. La exclusión de imputaciones más graves o la recalificación del hecho como un delito menos grave puede, por ello, modificar el análisis de la prescripción.
No se trata de un efecto meramente teórico. En uno de los procesos mencionados en los escritos que sirvieron de base para este análisis, después de recalificar determinados hechos conforme al art. 64 de la Ley n.º 9.605/1998, el propio Ministerio Público Federal solicitó que se reconociera la prescripción respecto de parte de las imputaciones y ofreció una transacción penal por el hecho remanente.
El ejemplo muestra cómo una cuestión que parece limitada a la calificación sustantiva puede modificar todo el recorrido procesal. Una misma descripción fáctica, después de ser jurídicamente recalificada, puede pasar de un proceso penal ordinario con posibilidad de ANPP a una situación de prescripción o de competencia de los Juzgados Especiales, con posibilidad de transacción penal.
Por eso el riesgo de overcharging merece especial atención en los delitos ambientales. Mantener imputaciones sin autonomía jurídica o sin soporte probatorio puede producir efectos procesales mucho antes de que sus defectos sean reconocidos al final del proceso.
La calificación correcta debe preceder al acuerdo
La variedad de tipos previstos en la Ley n.º 9.605/1998 exige distinguir situaciones que pueden aparecer juntas en un mismo contexto: construcción irregular, daño a una unidad de conservación, destrucción de vegetación e impedimento de la regeneración natural.
La jurisprudencia citada revela dos problemas recurrentes. El primero consiste en imputar por separado consecuencias que integran o agotan la propia conducta de construir. El segundo, en atribuir un delito de resultado sin prueba del resultado exigido por el tipo.
Cuando esas imputaciones se descartan, pueden cambiar la pena aplicable, la prescripción, la competencia y la solución consensual prevista por la ley. Por eso, la propuesta de un ANPP no convierte en secundaria la discusión sobre la calificación jurídica. Esa discusión debe venir antes del acuerdo, porque permite definir si subsiste alguna infracción penal y qué régimen procesal corresponde aplicar.
